El pasado 27 de febrero, en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, se llevo a cabo el tercer Seminario organizado por la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación referido al diagnóstico y desafíos del financiamiento político en Argentina.  Los politólogos Fernado Peries y Pablo Rodriguez Masena y  los abogados Julio Teisera y Beatriz Torres, todos integrantes del staff de IDEMOE, participaron del mismo.

En el mismo se escucharon las voces del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda Rogelio Frigerio, del Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales Adrián Pérez y del Presidente de la Cámara Nacional Electoral Dr. Alberto Dalla Vía, junto a actores relevantes de la sociedad civil y del parlamento, quienes expusieron acerca de los ejes que tendría que tener una propuesta de modificación a la ley de financiamiento político que desde el Poder Ejecutivo se está trabajando junto a representantes de la sociedad civil.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio abrió la jornada reconociendo que desde que el gobierno asumió viene trabajando en una gran reforma política que se ha ido plasmando en distintas iniciativas legislativas que abarcan distintos aspectos de la misma. En ese sentido remarcó la importancia que para el oficialismo significa encuadrar el debate en la cuestión de la transparencia, señalando que por ello es que se sancionaron leyes como la de Acceso a la Información y la de Transparencia de la Obra Pública impulsadas por el Ejecutivo y que está faltando darle transparencia al financiamiento de la política, por lo que esta iniciativa es central. Y reafirmó que lo primero, para encarar exitosamente un proceso de reforma tan importante, es buscar el consenso en la sociedad civil y que esta actividad iba en esa línea.

Luego de explicar los puntos centrales de la propuesta oficial, expresó que este sería el último seminario antes de que se envíe el proyecto al Congreso de la Nación para su debate y que espera sea convertido en ley este año 2018, para que entre en vigencia de cara a las próximas elecciones.

Los puntos centrales de la propuesta de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo y que supone modificaciones a la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, el Código Nacional Electoral y la Ley 19.108 Orgánica de la Justicia Nacional Electoral son:

• Bancarización del régimen de aportes, ya que hasta la fecha la mayor parte de los aportes a los partidos se realiza en efectivo a pesar de la prohibición de hacerlo así. El aporte en efectivo dificulta el control de su origen y destino y se propone que los aportes y gastos sea registrado para que el origen de los fondos utilizados en políticas tenga mayor transparencia, por ello proponen restringir al mínimo las posibilidades de hacer donaciones en efectivo (100 módulos electorales, lo que equivalía en 2017 a $950), debiendo ese efectivo ser depositado en cuenta bancaria en un plazo perentorio.
• Registro de aportes y gastos en tiempo real: la propuesta es crear un sistema de carga en tiempo real, donde los partidos informen en una plataforma electrónica administrada por la Justicia Electoral, los aportes recibidos y los gastos realizados en un plazo no mayor a los 5 días de efectuada la operación. La propuesta se basa en reconocer que la introducción de herramientas idóneas permite controlar la veracidad de los gastos declarados por campañas.
• Habilitación de aportes de empresas, con topes: reconociéndose como un fracaso la prohibición actual de aportes de personas jurídicas como un mecanismo eficaz para garantizar equidad y transparencia en las campañas, se propone admitir aportes de empresas con exhaustivos controles y tope del 3% sobre el total de los gastos permitidos al partido.
• Registro de proveedores de publicidad en vía pública: registro que se propone que sea administrado y controlado por la Cámara Nacional Electoral como una manera de hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, poniendo fin a la presentación de facturas apócrifas y/o la justificación de gastos no realizados.
• Combate contra el dinero proveniente de actividades ilícitas: a través de la obligación de que organismos financieros y de control, por ejemplo, la UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, OA, informen a la Justicia Electoral en forma expeditiva a la información necesaria para controlar los aportes y gastos.
• Regulación de publicación oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña: extendiendo el plazo de prohibición de los 15 días actuales a 30 días y agregando restricciones al a prohibición genérica de emitir publicidad oficial que contenga elementos que promuevan el voto de un candidato.
• Sanciones para el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios: a través de la tipificación expresa del clientelismo político como acto ilícito, el establecimiento de sanciones específicas para los que utilicen recursos públicos para promover o perjudicar a un candidato o para coaccionar a sus subordinados a participar de actividades de campaña o que condicionen la prestación de un servicio a su cargo al apoyo político.
• Posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional: considerando la existencia de federalismo en el país, se advierte que la realización de elecciones nacionales y provinciales en forma simultánea, pero con diferentes regímenes de financiamientos torna difícil el cumplimiento efectivo de la normativa nacional y opaca el origen y destino de los fondos de campaña, por ello se propone que las provincias que adhieran al régimen de simultaneidad de elecciones también puedan hacerlo al régimen de financiamiento previsto por la normativa nacional y la regulación de campañas del Código Electoral Nacional, lo que permitiría homogeneizar la normativa vigente aplicable a lo que en la realidad es una misma campaña electoral referida a cargos de distinto nivel.
• Fortalecimiento del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral: aumentando de 7 a 17 el cuerpo de auditores, atendiendo un histórico reclamo de la Justicia Electoral.

Uno de los especialistas convocados para dar su punto de vista fue Janos Bertok, Jefe de la División de Integridad en el Sector Público de la OCDE quien expresó su satisfacción por el hecho de que se estén debatiendo estas cuestiones con distintos actores y que desde la organización se destaca que es necesaria una mejor política para mejorar la vida. Señaló que se observa a nivel global una baja sustancial de la confianza de la sociedad en sus gobiernos y que eso también sucede en la Argentina, lo cual, junto con lo sucedido con la crisis financiera y su persistencia, es una situación peligrosa para la democracia. Indicó también que la percepción de altos niveles de corrupción produce un impacto en la economía y eso se ve también en la innovación. Destacó que los factores que construyen la confianza de la ciudadanía se destaca la integridad del gobierno y la transparencia, la inclusión y el acceso a la información y que la integridad es la base de la buena gobernanza.

Señaló a su vez que un tema clave en la transparencia es la regulación del lobby y de las influencias indebidas, poniendo reglas claras de financiamiento y en ese sentido advirtió sobre los riesgos en el sistema de financiamiento político, proponiendo:

• Cerrar brecha entre los niveles nacionales y subnacionales, ya que la mayor parte de las provincias no establecen límites a los gastos de campaña ni permiten auditar los informes de campañas.
• Criterios claros para la distribución de fondos públicos, basados en la representación, como los que tiene la OCDE, cantidad de votos y de bancas.
• Combatir la informalidad.
• Prohibir las donaciones en efectivo, ya que si bien está prohibido el 90% de las donaciones se hace en efectivo.
• Prohibir la compra de votos para hacer efectivos los derechos políticos democráticos.
• Desvincular la distribución de recursos del Estado de las campañas, ya que junto con Colombia, Argentina es uno de los únicos países que no pena el uso político de los recursos del Estado durante los períodos electorales.

Propuso mejorar los estándares de transparencia, pidiendo un registro on line de contribuyentes que esté on line con información relevante.

Referido a la cuestión de si estaba de acuerdo con el aporte económico de las empresas, pidió ser transparentes en la generación como en la aplicación de los fondos, para que las contribuciones sean totalmente transparentes y fijar límites al aporte de las empresas, pidiendo que haya un equilibrio entre el financiamiento público y privado y que es necesario analizar y entender para su viabilidad las características del sistema político.

A continuación se desarrolló un debate entre representantes de la sociedad civil, participando de él Delia Ferreira Rubio Presidenta de Transparencia Internacional, Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe, del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA y asesor del Grupo de Integridad y Transparencia de RAP y Julia Pomares Directora Ejecutiva del CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, siendo moderado por el Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi.

Todos los expositores manifestaron su acuerdo con las ideas generales de la propuesta oficial.

Julia Pomares señaló que en la Argentina se está atrasado en estas cuestiones ya que se está pensando en topes al financiamiento por parte de empresas cuando todavía no se sabe cuánto es siquiera el gasto y que la bancarización es un aporte clave. Igualmente expresó su acompañamiento a la propuesta de permitir el financiamiento por parte de personas jurídicas. Señaló entonces que la Argentina tiene una de las peores regulaciones para el uso de los recursos del oficialismo en campaña y propuso entonces que los límites a la publicidad oficial sean ampliados. Además pidió aprovechar la situación para pensar como regular las redes sociales en campaña, ampliar las responsabilidades por financiamiento también a las alianzas y poner límites a la cantidad de partidos políticos.

Daniel Zovatto expresó que la democracia no tiene precio, pero si costos de funcionamiento y que hay que evitar la criminalización del dinero privado siendo el desafío regular inteligentemente el dinero público para que sea considerado una inversión y al financiamiento privado para que no sea fácil la captura del Estado, pidiendo un consenso para ello, mientras recordó que con la legislación actual se favorece la circulación del dinero en negro. A su vez señaló que el financiamiento político no puede ser visto aislado, sino vinculado a la cuestión del conflicto de interés, el lobbye, la corrupción y la integridad del sistema electoral. Afirmó su acompañamiento a la propuesta oficial y advirtió que hay un problema entre lo que es la ley nacional y lo que sucede en las provincias, por lo que la adhesión no es un tema que resuelva la cuestión. Expresó su preocupación por el efecto “cancha inquinada”, el uso de los recursos oficiales, la integridad electoral, que los informes de campaña no sean una autopsia de un delito. Propuso además sincerar el financiamiento político, que la tendencia actual es, respecto a la fiscalización y sanciones incorporar a los candidatos, propuso también que también pueda evitar que asuma el candidato electo, fortalecer a la Cámara Nacional Electoral para que pueda controlar eficientemente, mientras cuestionó que la Dirección Nacional Electoral siga como uno de los órganos electorales en el marco del Poder Ejecutivo. Respecto al financiamiento privado, reconoció que se está en un régimen mixto y acompañó el tema del tope. Finalmente expresó que toda reforma debe contemplar una relación adecuada con el contexto del sistema político y por ende ser coherente.  

Delia Ferreira Rubio expresó su acompañamiento a la idea del oficialismo, especialmente a la bancarización indicando que la misma presenta dos desafíos, ya que es naif pensar que todo va a ser bancarizado cuando hay un 40% de informalidad en la economía, por lo que es necesario generar mecanismo paraque los auditores vean el gasto como efectivización de recursos on line in time y señaló como desafío como evitar la introducción del dinero del crimen organizado en la política. Expresó sus dudas respecto al mecanismo de adhesión provincial porque no deja de ser una expresión de deseos, cuando puede haber una oportunidad para saltarse la ley. Señaló que el problema en sí mismo no es la existencia de una ley sino la anomia existente, por lo que es necesario que haya un compromiso con las reglas. Advirtió también su oposición que en el marco de la bancarización se proponga la multiplicación de las cuentas en donde depositar ya que de hacerlo se pierde el control.

El otro panel estuvo compuesto por legisladores nacionales, participando del mismo, los diputados Silvia Lospennato del PRO, Juan Brügge de Córdoba Federal y los senadores Dalmacio Mera del Justicialismo e Inés Brizuela y Doria de la UCR.

Silvia Lospenatto expresó que el debate es sobre la política y que el aporte en campaña puede ser irrisorio respecto al financiamiento permanente y señaló que más caro financiar una campaña que coimear a un funcionario, por lo que no hay que ser hipócritas en el debate y que hay que ser amplio en la mirada para detectar dónde está el financiamiento real de la política ya que el rol del dinero es importante pero mínimo en lo que respecta a la calidad de la democracia, caso tema declaraciones jurídicas de los candidatos, que no se le pida a los candidatos detalle de los juicios pendientes. Expresó que este año el Congreso tiene margen para sancionar la ley y avanzar en el proceso de elaboración del consenso y que la experiencia de la reforma política fallida le indica que en vez de ir por una ley grande es más viable ir por una chica que contenga el consenso alcanzado. Adelantó su apoyo al financiamiento de empresas pero sus dudas al financiamiento de sindicatos porque manejan fondos públicos al ser agentes de retención.

Juan Brügge, por su parte expresó su apoyo a la idea, pero pidió no solo hablar de financiamiento sino del sistema político, pidiendo mayores controles para la Justicia Electoral, avanzar en sanciones que sean cumplidas y fortalecer al órgano electoral. Respecto al financiamiento de empresas pidió diferencias naturaleza jurídica de los fondos, ya que en las empresas privadas los fondos son propios, mientras en los sindicatos son de terceros, mostrándose en contra de la incorporación de los sindicatos. Pidió que se hagan públicos las empresas que apoyan a los candidatos transparentando los apoyos. Finalmente expresó su preocupación ante lo que denominó snobismo electoral de incorporar cosas que no tienen que ver con nuestra cultura política, propuso además que una solución a los delitos de clientelismo sería introducir el delito en el Código Penal y que en cuestiones electorales está a favor del gradualismo.

Dalmacio Mera por su parte expresó su reconocimiento al federalismo y pidió ponerle límites a lo que definió como mercaderes de la muerte (a los que aportan dinero del narcotráfico), proponiendo poner el foco no sólo en la campaña sino en la vida constante de los partidos, dándole mayor poder a los auditores. En ese sentido destacó la necesidad de trabajar en la trazabilidad del financiamiento político. Respecto a eso señaló que no parece lógico prohibir algo que se hace, sino hacerlo trazable.

Inés Brizuela expresó su apoyo a que las empresas puedan aportar, pero no así los sindicatos.

Finalmente expuso Alberto Dalla Vía, Presidente de la Cámara Nacional Electoral quien señaló que en estos temas la Argentina viene avanzando, al punto que desde el 2001 han generado más de 5000 sanciones a distintos partidos. Expresó su acuerdo general con los planteos de la ley y recordó que de acuerdo al art- 38 de la Constitución Nacional el Estado contribuye al financiamiento de los partidos, por lo que queda claro que no es exclusividad del Estado ese aporte y que en consecuencia desde la CNE habían previsto que desde la sanción de la Ley de Reforma Política del 2009 se hicieran planteos de inconstitucionalidad por la prohibición del financiamiento privado, algo que no sucedió. Señaló que el sistema de sanciones es débil pidiendo mejorarlo y a la vez revisar el tema alianzas partidarias. A su vez expresó la necesidad de que haya mayor cantidad de auditores, ya que hoy hay 7 en todo el país. Indicó que el federalismo electoral en el país es extremo y es un problema. Respecto a los delitos y faltas electorales pidió no solo cambiar las leyes sino especialmente cambiar los usos y costumbres políticas y en ese sentido señaló que, respecto al clientelismo, para muchos no es más que una cuestión de cultura política. Por otra parte destacó que los jueces de la CNE no tienen competencia en delitos electorales en virtud de que lo electoral está subsumido en lo penal y hay dudas respecto a quien aplica la sanción. Finalmente expresó que la CNE está haciendo un aporte a la transparencia poniendo on line y en tiempo real los informes financieros de campaña y pidió que la extensión de 15 a 30 días la prohibición actos de gobierno en campaña sea mayor.

A su turno, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, cerró la jornada explicando que el proyecto se lo viene trabajando desde hace un año y que es difícil saber cuándo existe el nivel de consenso ideal. Este es el año, sino no se va a hacer, afirmó.

En ese sentido dijo estar convencido de la importancia de transparentar el financiamiento de la política y por eso hace ya un año y medio iniciamos un proceso de discusión involucrando a los especialistas, ONG, la Justicia y los partidos. Este seminario reúne a todos quienes, como el Instituto de la Democracia y Elecciones IDEMOE, han trabajado en esta materia y están interesados en transparentar la política argentina y concluyó señalando que en marzo se realizará un taller en donde se comenzará a trabajar en el articulado que se presentará en el Congreso en base a los consensos alcanzados y que se expresan en las ideas que el ministro esbozó, en el cual IDEMOE está invitado a brindar sus aportes en el marco del gobierno abierto .